“El Congreso colombiano negó la ampliación de curules para la diáspora, confirmando la apatía hacia millones de connacionales en el exterior. A pesar de su peso social, cultural y económico, los migrantes siguen reducidos a una representación mínima y simbólica. Este artículo analiza el trasfondo político, jurídico y democrático de esta exclusión, contrasta las posturas de congresistas a favor y en contra, y plantea la urgencia de una reforma que garantice una representación real para los colombianos en el exterior.”
La representación política no es un privilegio, es un derecho fundamental de toda persona que participa en un Estado democrático. Como afirma el politólogo Robert Dahl en su obra 'La democracia y sus críticos', la democracia sólo puede sostenerse si todos los afectados por las decisiones tienen voz y voto en los procesos políticos (Dahl, 1989, pp. 109–110). Bajo esta premisa, negar a los migrantes colombianos una representación sólida en el Congreso no solo es una omisión, sino una fractura democrática.
De acuerdo con el Growth Lab de la Universidad de Harvard, en 2021 cerca del 10 % de la población colombiana —unos cinco millones de personas— residía en el exterior. Aun así, nuestra representación en el Congreso se reduce a una sola curul en la Cámara de Representantes, un espacio claramente insuficiente como lo mostramos también en nuestro artículo sobre la escasa representación política de los migrantes colombianos.
El proyecto que buscaba ampliar las curules… y el “No” del Congreso
En 2023 se presentó un proyecto que proponía aumentar la representación política de los migrantes en el Congreso colombiano, con el fin de equilibrar y ampliar la representación de millones de connacionales en el exterior.
Sin embargo, la Comisión Primera del Senado rechazó la iniciativa con 9 votos en contra y solo 3 a favor . El propio Senado de la República informó sobre el trámite de esta propuesta, que buscaba más curules para la 'colombianidad migrante', pero que terminó sin prosperar por la negativa mayoritaria.
Este rechazo no puede verse como un simple bloqueo legislativo: revela una apatía estructural hacia los migrantes.
¿Y si los migrantes no son un buen “rédito” en las urnas?
El rechazo al proyecto de más curules deja entrever una pregunta incómoda: ¿por qué la mayoría de congresistas se oponen a ampliar la representación de los colombianos en el exterior? Una posible respuesta no se encuentra en la falta de argumentos, sino en la lógica electoral que guía buena parte de las decisiones políticas en Colombia.
Según el artículo 176 de la Constitución y su reglamentación a través de la Ley 649 de 2001 , se estableció una circunscripción especial para los colombianos residentes en el exterior que incluía una única curul en la Cámara de Representantes. No obstante, esta misma norma limitó la participación política de la diáspora: los colombianos en el exterior solo pueden votar por su propio representante, no por senadores ni otros congresistas dentro del país. Como hemos analizado en nuestro artículo sobre la circunscripción internacional y la representación política de los colombianos en el exterior, esta disposición terminó convirtiéndose en un mecanismo que reconoce formalmente a la diáspora, pero que en la práctica la reduce a un voto aislado.
Congresistas que sí —y que no— apoyan a la diáspora
En medio de la apatía generalizada, algunas voces en el Congreso han intentado cambiar esta realidad. Congresistas como Humberto de la Calle y Julián Gallo han respaldado iniciativas para ampliar la representación política de la diáspora. En contraste, congresistas como Jota P Hernández, Paloma Valencia, Carlos Mota, entre otros votaron en contra del proyecto en la Comisión Primera del Senado, aludiendo razones de costo fiscal. Esta comparación revela la paradoja: mientras una minoría actúa por abrir espacios de representación, la mayoría los cierra para mantener a los migrantes fuera de las decisiones políticas.
Más allá del Congreso: hacia una participación política transnacional
La discusión sobre las curules y los votos en el Congreso revela un problema de fondo: la democracia colombiana sigue percibiendo a la diáspora como una comunidad invisibilizada. Sin embargo, desde la teoría política, este enfoque resulta cada vez más insostenible.Como sostiene Seyla Benhabib, teórica política y social 'los procesos democráticos no pueden limitarse al interior de los Estados-nación; deben abrirse a formas de participación política transnacional que incluyan a quienes viven más allá de las fronteras' Esta reflexión encaja de manera directa con la situación de los colombianos en el exterior.
Los derechos políticos de los migrantes: una deuda pendiente
La exclusión de los migrantes en el ámbito político no es solo una limitación institucional, sino una deuda histórica que Colombia mantiene con su diáspora. Como señala David Held en 'Models of Democracy' (2006), la democracia sólo puede ser real si incorpora todas las voces, incluidas aquellas que se generan en contextos de movilidad humana. Esta exclusión contradice además compromisos internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 reconoce el derecho de todo ciudadano a participar en los asuntos públicos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), cuyo artículo 23 garantiza el derecho a participar en la vida política sin discriminación. Negar la participación efectiva de la diáspora no es un detalle técnico: es una forma de desigualdad estructural que perpetúa la desconexión entre la comunidad migrante y las instituciones políticas del país.
Políticas públicas superficiales: la desconexión con la realidad migrante
En el ámbito legislativo, la situación refleja la misma incoherencia. El Congreso colombiano suele mencionar a la diáspora en discursos, exaltando aporte cultural y económico, pero rara vez impulsa leyes que garanticen una participación política efectiva.Lo que prevalece son iniciativas superficiales, alejadas de la realidad de la diáspora y pensadas más para el gesto político que para el cambio estructural: proyectos que no pasan de los primeros debates o promesas que se diluyen en la burocracia. En lugar de abrir espacios de representación, el Congreso prefiere reducir a los migrantes dentro de la narrativa oficial.En consecuencia, la comunidad migrante enfrenta un doble vacío: por un lado, la exclusión de una representación significativa en las urnas; por el otro, políticas que no responden a su realidad estructural.
Conclusión: una democracia incompleta y un llamado urgente
La representación política de los migrantes colombianos no es un asunto secundario ni una concesión que dependa de la “buena voluntad” de unos pocos congresistas: es un derecho democrático. Sin embargo, la negativa a ampliar las curules para la diáspora y la apatía mayoritaria en el Congreso confirman una verdad incómoda: Colombia mantiene a millones de sus ciudadanos en el exterior como una comunidad silenciada e invisibilizada políticamente. La teoría democrática ya lo advirtió. Robert Dahl señaló que la democracia exige la inclusión de todos los afectados por las decisiones colectivas. Seyla Benhabib planteó la necesidad de abrir espacios de participación transnacional. David Held subrayó que ninguna democracia puede ser auténtica si deja voces fuera del proceso político. A pesar de ello, el Congreso colombiano se aferra a una visión excluyente, reduciendo la participación de la diáspora a un único escaño. Este panorama no solo es un déficit democrático: es una fractura estructural que debilita la legitimidad del sistema político. Las políticas públicas superficiales y la falta de reformas profundas muestran que, aunque los migrantes son reconocidos en el discurso, siguen siendo ignorados en la práctica. Por eso, el llamado es claro: la comunidad migrante colombiana no puede seguir siendo tratada como actor silenciado de la democracia. Se requiere una reforma política que garantice más curules, mecanismos de participación real y políticas públicas que respondan verdaderamente a las necesidades. Los migrantes no somos cifras de remesas ni votos sin voz: somos ciudadanos con derecho a decidir y a transformar el país desde donde estemos. El futuro democrático de Colombia depende de reconocer esta verdad. Y cada día que se pospone la inclusión de la diáspora, se profundiza una deuda histórica que el Estado tiene la obligación de saldar.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántos migrantes colombianos viven en el exterior?
Según el Growth Lab de la Universidad de Harvard, más de cinco millones de colombianos residen fuera del país. Este dato equivale al 10% de la población y evidencia la magnitud de una comunidad que sigue siendo políticamente invisibilizada.
¿Cuántas curules tiene la diáspora colombiana en el Congreso?
La diáspora, pese a su tamaño, solo cuenta con una curul en la Cámara de Representantes, establecida por la Ley 649 de 2001. Una representación mínima que funciona más como un gesto simbólico que como un verdadero espacio democrático.
¿Por qué se rechazó el proyecto de más curules para migrantes?
En 2023, la Comisión Primera del Senado rechazó con 9 votos en contra y solo 3 a favor la propuesta de ampliar las curules. Esta decisión expuso la apatía de muchos congresistas, que ven a la diáspora como un electorado sin peso real.
¿Las remesas justifican mayor representación política?
Las remesas son un aporte económico crucial, pero la representación política no puede reducirse a cifras financieras. Los migrantes son ciudadanos plenos, y la democracia exige incluir sus voces sin condicionarlas a un beneficio económico.
¿Qué reformas se discuten para fortalecer la representación de la diáspora?
Existen propuestas para aumentar las curules, habilitar el voto por Senado desde el exterior y garantizar mecanismos digitales seguros de participación. Sin embargo, la verdadera reforma es reconocer a la diáspora como parte integral de la nación y no como un actor marginal.