Los partidos políticos son los mediadores imprescindibles entre el Estado y la sociedad" (Sartori, Cambridge UP, 1976, p. 26). Pero, ¿Qué pasa cuando un porcentaje importante de esa sociedad —los colombianos en el exterior— siente que no recibe suficiente apoyo? La migración es no sólo un fenómeno de índole demográfica o económica, sino también un reto político que pone a prueba la habilidad de los partidos para ampliar su representación más allá de las fronteras. En las últimas dos décadas, apenas unos cuantos congresistas —avalados por partidos específicos— han impulsado leyes que marcaron la vida de los migrantes, mientras la mayoría de colectividades se ha limitado a acompañar votaciones o a guardar silencio. Entre el reconocimiento institucional del Sistema Nacional de Migraciones (Ley 1465 de 2011) y la Ley de Retorno (Ley 1565 de 2012), se dibuja un panorama desigual que revela tanto avances como vacíos. Este artículo examina, desde la teoría política y con base en leyes verificables, qué partidos en Colombia han dejado huella en la vida de los migrantes y cuáles han reducido su presencia a simples promesas. El análisis combina aportes de teóricos como Duverger (1951), Weber (1997), Sartori (1976) y Dahl (1971) con ejemplos concretos de la agenda legislativa colombiana.
Partidos políticos: la teoría detrás de la representación
Desde mediados del siglo XX, Maurice Duverger advirtió que los partidos surgen para organizar la competencia y canalizar intereses sociales dispersos (Les Partis Politiques, Armand Colin, 1951, p. XV). Esa idea cobra especial fuerza si se piensa en los colombianos en el exterior: una comunidad diversa, con demandas claras (desde mejores servicios consulares hasta representación efectiva) que pocas veces logran entrar a la agenda nacional. En la misma línea, Max Weber, en La política como vocación (1919; trad. Alianza, 1997, p. 95), describió a los partidos como instrumentos de poder que convierten intereses sociales en acción gubernamental. El problema aparece cuando esos intereses, como los de la diáspora, apenas se traducen en leyes aisladas. Giovanni Sartori fue más enfático: los partidos son los “intermediarios indispensables” entre sociedad y Estado (Parties and Party Systems, 1976, p. 26). Si ese puente se debilita, la representación se convierte en promesa vacía. Finalmente, Robert Dahl, en Polyarchy: Participation and Opposition (Yale UP, 1971, pp. 3-5), subrayó que la democracia depende de opciones reales de participación. La existencia de una sola curul internacional revela tanto un avance simbólico como una limitación práctica.
La fuerza política de los colombianos en el exterior
El peso de la migración colombiana no solo se mide en su dimensión social, sino también en su impacto económico: en 2024 las remesas equivalieron a cerca de 2,8% del PIB, según el Banco Mundial, y representaron alrededor del 3,6% del ingreso disponible de los hogares colombianos, de acuerdo con el Banco de la República (informe, p. 4).
La Ley 649 de 2001 creó la circunscripción internacional, otorgando una curul en la Cámara de Representantes para los colombianos residentes en el exterior. El texto íntegro de la norma puede consultarse en los archivos de ACNUR (Diario Oficial, p. 1).
Un estudio de caracterización del Ministerio de Relaciones Exteriores (2020) calculó en 5,5 millones la población colombiana en el exterior (Cancillería, p. 12). Más recientemente, Migración Colombia afirmó en 2024 que se calcula que 6 millones de colombianas(os) viven en el exterior y reportó que en febrero de ese año el 28,58 % de los flujos de salida corresponden con viajes por residencia.
En cuanto a participación electoral, la Registraduría Nacional informó que 908.566 colombianos estaban habilitados para votar en el exterior en las legislativas de 2022 (p. 3).
Partidos con huella en la agenda migrante
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En el Congreso colombiano, no todos los partidos han mostrado el mismo nivel de compromiso con los connacionales en el exterior. Algunos se han limitado a declaraciones generales, mientras que otros sí han dejado una huella concreta en la legislación. Uno de los casos más visibles es el del Partido MIRA, que logró posicionarse como referente en la defensa de los migrantes. No es casual que la Ley 1465 de 2011, que creó el Sistema Nacional de Migraciones, figure en la Ponencia Primer Debate Senado, p. 2, como iniciativa de esta colectividad.
La Ley 1565 de 2012 (Retorno) fue el resultado de un esfuerzo multipartidista en el que intervinieron congresistas del Partido de la U, Liberal y Conservador. El articulado completo puede consultarse en el Diario Oficial No. 48.473 (pp. 1-5) y en su ficha de Congreso Visible.
Más recientemente, el Pacto Histórico ha impulsado el Programa Casa Colombia: el Proyecto de Ley (PL) 370/2024 (Cámara, p. 3) y el PL 120/2025 (Senado, Gaceta Legislativa, pp. 5-12), liderados por la representante de la circunscripción internacional Karmen Ramírez Boscán .
Finalmente, el Centro Democrático también ha hecho parte de esta historia. Durante el periodo 2018–2022, el representante Juan David Vélez incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico para los colombianos en el exterior (BEPS, convalidación de títulos) y promovió el proyecto del Día Nacional del Colombiano Migrante (Revista P.L., mayo 2021, pp. 4-6).
Comparativo del compromiso partidista con la diáspora
El desafío pendiente: de los votos a las leyes
La diáspora colombiana suele aparecer en los discursos cuando se acercan las campañas, pero rara vez esos guiños se convierten en proyectos de ley o en políticas sostenidas. Hoy no existe evidencia clara de que los precandidatos presidenciales para 2026 estén incluyendo propuestas concretas para los connacionales en el exterior, y eso hace aún más urgente el debate. El verdadero desafío no está únicamente en mejorar la participación electoral de los migrantes, donde todavía persiste un alto nivel de abstención, sino en garantizar representación efectiva más allá de las urnas. Con casi seis millones de colombianos en el exterior —y con remesas que superan el 2,8% del PIB—, el reto político consiste en que los partidos y sus líderes pasen de la retórica electoral a la acción legislativa.
Para contexto complementario sobre el panorama electoral, consulta: Colombianos en el exterior y las elecciones presidenciales 2026: ¿representación real o marketing electoral?
En otras palabras, no es solo aumentar el voto en el exterior, sino qué se hace con esa participación: ¿se traduce en leyes como la Ley de Retorno (2012) o el Sistema Nacional de Migraciones (2011), que dejaron huella? ¿o se reduce a discursos que se olvidan después de la campaña? El desafío, entonces, no es solo dar voz a los colombianos en el exterior en temporada electoral, sino convertir esa voz en proyectos, recursos y políticas que reconozcan su aporte y atiendan sus necesidades reales: servicios consulares modernos, incentivos al retorno, protección social y, sobre todo, canales efectivos de participación y representación.
En ese sentido, los dos puntos fundamentales que reclama la diáspora son claros: más representación política —no solo en la Cámara, sino también en el Senado— y una inclusión estructural en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Todo lo demás, aunque aparezca en los discursos de campaña, corre el riesgo de ser apenas paños de agua tibia que no responden a las necesidades reales. Sin estos dos elementos, el status quo de los colombianos en el exterior seguirá intacto por años.
Conclusión
La representación de los colombianos en el exterior no debería depender de coyunturas electorales ni de menciones simbólicas en campaña. La experiencia muestra que las conquistas que permanecen —como la Ley de Retorno o el Sistema Nacional de Migraciones— se lograron cuando existió voluntad legislativa y presión ciudadana, no cuando los partidos buscaban votos. De cara a 2026, el debate necesario no es si la diáspora suma electores, sino si tanto los partidos como los candidatos están dispuestos a incorporar de manera estructural la agenda migratoria en el Congreso. En otras palabras: menos promesas de campaña y más compromisos verificables en forma de leyes, presupuestos y programas permanentes. Al final, la pregunta es incómoda pero inevitable: ¿seguirán los colombianos en el exterior siendo un recurso electoral pasajero o se consolidarán como una voz política con incidencia real en el diseño del país?
2025
Preguntas frecuentes: colombianos en el exterior y partidos políticos
1) ¿Qué partidos políticos han mostrado mayor compromiso con los colombianos en el exterior?
MIRA ha liderado iniciativas clave; el Pacto Histórico ha impulsado proyectos recientes (p. ej., “Casa Colombia”); el Partido de la U y el Centro Democrático han tenido aportes puntuales en distintos periodos.
2) ¿Cuáles son las leyes más relevantes para la diáspora colombiana?
Dos hitos: el Sistema Nacional de Migraciones (Ley 1465 de 2011) y la Ley de Retorno (Ley 1565 de 2012). Han estructurado la atención, el retorno y la coordinación de políticas públicas.
3) ¿Por qué la representación sigue siendo insuficiente?
Porque existe una sola curul internacional y la agenda migratoria compite con prioridades internas. Falta voluntad política sostenida y presupuesto para convertir promesas en normas y programas estables.
4) ¿Qué debería exigirse a partidos y candidatos rumbo a 2026?
Dos “puntos cardinales”: más representación política (no solo en Cámara, también en Senado) y inclusión explícita en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin esto, lo demás se queda en anuncios de campaña.
5) ¿Qué soluciones prácticas requieren los colombianos en el exterior?
Mejorar servicios consulares, simplificar trámites, protección social portable (p. ej., BEPS), convalidación ágil de títulos, e instrumentos de participación y control político efectivos.
6) ¿Cómo pueden incidir los migrantes desde fuera?
Registrándose a tiempo para votar, participando en espacios consulares y de veeduría, contactando a congresistas de la circunscripción internacional y respaldando iniciativas con trazabilidad pública (radicados, gacetas, presupuestos).
7) ¿Marketing electoral o representación real?
La diferencia está en los hechos verificables: proyectos radicados, artículos aprobados, partidas presupuestales y metas medibles. Lo demás es discurso.